Medidas laborales y de Seguridad Social. Reparación de daños.

Publicado el 21 de septiembre de 2019, el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños por temporales y otras situaciones catastróficas.

Este Real Decreto tiene por objeto declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil las provincias y comunidades autónomas que a continuación se relacionan, así como la adopción de las medidas urgentes para paliar los daños causados por los incendios, temporales y otras catástrofes naturales que se indican:

  • Provincias de Tarragona, Lleida, Toledo y Comunidad de Madrid, como consecuencia de los incendios forestales acaecidos entre los días 26 y 28 del mes de junio 2019.
  • La Comunidad Foral de Navarra, por las inundaciones padecidas el día 8 de julio de 2019.
  • La provincia de Ourense, por la tormenta de granizo e inundaciones acaecidas el 8 de julio de 2019.
  • La Comunidad de Madrid, las provincias de Zaragoza y Cáceres, la Comunidad Autónoma de La Rioja, las provincias de Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla y Málaga, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de Illes Balears, como consecuencia de los episodios de fuertes lluvias ocurridos los días 25, 26 y 27 del mes de agosto de 2019.
  • La isla de Gran Canaria, por los gravísimos incendios forestales declarados entre los días 10 y 17 de agosto de 2019.
  • La provincia de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada y la Comunidad de Madrid, por los graves sucesos causados por una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) los días 12 a 16 del mes de septiembre de 2019.

Las medidas contempladas en este real-decreto ley resultarán de aplicación respecto de los daños ocasionados por los episodios descritos anteriormente. También serán de aplicación a otros daños causados por los temporales de lluvias torrenciales, nieve, granizo y viento, inundaciones, desbordamientos de ríos y torrentes, pedrisco, fenómenos costeros y tornados, así como incendios forestales u otros hechos catastróficos acaecidos desde el día 1 de abril de 2019 hasta su entrada en vigor.

Medidas laborales y de Seguridad Social.

1.- Suspensión de contrato y reducción de jornada.

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada y los despidos colectivos que tengan su causa directa en los daños producidos por los siniestros anteriormente descritos, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de los mismos, en los establecimientos que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

En los supuestos de suspensión del contrato o reducción de la jornada, la TGSS podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el período de suspensión o reducción, manteniéndose la condición de dicho periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca la extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.

Si se decide por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el SEPE y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, podrán autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, que traiga su causa inmediata de los sucesos descritos, no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en los casos mencionados, que carezcan  de los periodos de cotización  necesarios para tener derecho a ellas.

2.- Empresas y Autónomos

Las empresas y trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos o de las pérdidas de actividad derivadas de los siniestros, una moratoria de hasta 1 año, sin intereses, en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes a 3 meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, desde el mes en que aquél se produjo.

3.- Prestaciones por cese de actividad.

Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, el SEPE y, en su caso el Instituto Social de la Marina, podrá autorizar que el tiempo en que se perciban prestaciones por cese de actividad, que traigan su causa inmediata de los sucesos descritos, no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Se considerará como cumplido a los efectos de poder acceder a la prestación por cese de actividad, el requisito de período mínimo de cotización de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, para los trabajadores por cuenta propia afectados por los siniestros.

4.- Autónomos con bonificación

Aquellos trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social que se encontraran disfrutando de alguna bonificación o reducción en las cuotas a la Seguridad Social, y que como consecuencia directa e inmediata de los sucesos, solicitasen la baja en el régimen correspondiente al solicitar nuevamente el alta, no perderán el derecho al acceso a las bonificaciones o reducciones en la cuota por el tiempo que hubiese quedado pendiente de disfrute.

Para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las Administraciones Públicas y las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar del Servicio Público de Empleo competente la adscripción de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social.



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