NUEVAS MEDIDAS LABORALES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a una velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. Esta pandemia va a suponer un impacto negativo en la economía española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre.

Con la publicación del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, se han creado una serie de medidas urgentes extraordinarias de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos para intentar paliar el impacto.

1.- Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

Tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 de Estatuto de los Trabajadores las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen:

  • Suspensión o cancelación de actividades.
  • Cierre temporal de locales de afluencia pública.
  • Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de personas y mercancías.
  • Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

¿Qué procedimiento (ERTE) habría que seguir en estos casos?

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción jornada prevista en este artículo deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea  el número de personas trabajadoras afectadas.

La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 5 días.

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que afecten a socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento específico previsto en el Real Decreto 42/1966 de 19 de enero, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social visto en el apartado anterior.

2.- Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

  • En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con la legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará formada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por 3 trabajadores de la propia empresa elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del ET. En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
  • El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de 7 días.
  • El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días.

Al igual que el procedimiento de fuerza mayor la tramitación de estos expedientes que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidas en el Régimen General de Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales qque protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento específico previsto en el Real Decreto 42/1996 ,de 19 de enero, salvo en lo relativo al desarrollo del periodo de consultas y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

3.- Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19.

En los ERTE por fuerza mayor a empresas que a fecha 29 de febrero tuvieran menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, la TSGG exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 de la LGSS, así como al abono de cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el periodo del ERTE. En caso de que la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en SS, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará el 75% de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho periodo como efectivamente  cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la LGSS.

La exoneración de cuotas se aplicará por la TSGG a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y periodo de suspensión o reducción de jornada. A efectos de control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el SEPE proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el periodo de que se trate.

4.- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23.

En cualquiera de los supuestos del ERTE se adoptarán las siguientes medidas:

  • El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizado mínimo necesario para ello.
  • No computar el tiempo que en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los periodos máximos de percepciones establecidos.

A parte de los trabajadores, pueden acogerse a esta medida aquellos que sean socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo, siempre que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.

Estas medidas serán aplicables a las personas trabajadoras afectadas tanto en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuviera suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si careciesen del periodo mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiese percibido prestación por desempleo precedente.

En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:

Cuantía: La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del periodo de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o reducción de la jornada de trabajo.

Duración: la prestación se extenderá hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de la que trae causa.

Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del  COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

Para determinar el periodo que,  de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará a lo efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta mediad se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.

5.- Limitación temporal de los efectos de la prestación extemporánea de solicitudes de prestaciones por desempleo.

Durante la vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud públicas adoptadas para combatir al COVID-19, se suspenderán la aplicación de lo dispuesto en los artículos 268.2 y 276.1 LGSS de modo que la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

6.- Medidas extraordinarias relativas a la prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas.

Durante el periodo de vigencia de las medidas que conlleven la limitación de la movilidad de los ciudadanos o que atañan al funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación  afecte a la gestión de la protección por desempleo, el SEPE, y en su caso, el Instituto Social de la Marina, podrá adoptar las siguientes medidas:

  • Suspender la aplicación de lo dispuesto en el artículo 276.2 LGSS, autorizando a la entidad gestora para que pueda prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efectos de que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su duración.
  • Suspender la aplicación de lo dispuesto en el artículo 276.3 LGSS de modo que, en el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos años no se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social aun cuando la prestación de la preceptiva declaración anual de rentas se realice fuera del plazo establecido legalmente.

7.- Plazo de duración de las medidas previstas.

Estas medidas recogidas estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

8.- Salvaguarda del empleo.

Las medidas en el ámbito laboral extraordinarias previstas en el Real Decreto-ley, estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Desde el despacho Pino & Barreda abogados, estamos trabajando duro para dar respuestas a todas vuestras consultas y poder tomar las medidas que mejor se adapte a tu negocio.



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